El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife incluyó en su tirada de este pasado miércoles el texto, en fase inicial, de la primera ordenanza municipal para proteger el arbolado en el municipio de Tacoronte. El documento promovido por la Concejalía de Medio Ambiente contempla la creación de un inventario de ejemplares, tanto en espacios públicos como en fincas privadas, con especial atención a las especies singulares, así como sanciones que oscilan entre los 60 y los 3000 euros por infracciones leves, graves o muy graves contra las especies localizadas en la ciudad.
El grupo de Gobierno de Tacoronte busca proteger no sólo los árboles localizados en parques y jardines públicos sino también aquellos ejemplares que, por su valor ambiental, histórico o cultural, merecen un tratamiento especial. No se trata de una norma ideada exclusivamente para prohibir o limitar sino para garantizar que cualquier actuación esté justificada técnicamente, con el proceso de tala como última opción en todos los casos posibles. Introduce un sistema de compensación que, ante los casos excepcionales de eliminación de árboles, hará posible la reposición de los mismos de manera proporcional.
Antes de su aprobación definitiva, la ordenanza permanecerá en exposición pública durante un periodo de treinta días. En la misma se establecen criterios técnicos para el mantenimiento (poda, riego y control de plagas) y limita la tala a casos justificados, priorizando siempre la conservación. En caso que sea inevitable, se tendrá que reponer siguiendo determinados criterios, como por ejemplo, priorizar especies autóctonas, de bajo consumo de agua, que no den alergias y que fomenten la biodiversidad. Para garantizar la efectividad real del documento, el artículo 13 obliga a que cualquier proyecto de urbanización o de obra pública nueva incluya un anexo de jardinería, es decir, fuerza a que los promotores, arquitectos y responsables de obra piensen en los árboles como complementos necesarios y enriquecedores del entorno.
El concejal de Medio Ambiente, Iván Hernández, prevé que en un plazo máximo de dos años «estará publicado el inventario real de ejemplares de la ciudad, con normativa y grado de protección de cada ejemplar». El sentido de la ordenanza «no es únicamente mantener, sino gestionar con criterios de sostenibilidad y buscando un uso equilibrado, dejando de lado la concepción que los árboles son mobiliario urbano para tratar como un sistema vivo que necesita una gestión profesional», afirma el dirigente local, quien además destaca que la misma «sitúa a Tacoronte en la vanguardia de la protección del patrimonio arbóreo de Canarias, dando continuidad a la tradición histórica iniciada en el año 1835, cuando el alcalde de aquel entonces priorizó la plantación y protección de árboles como medida de concienciación ecológica y crecimiento sostenible para Tacoronte».
Sanciones para quienes no cumplan en materia de protección
La norma contempla multas por dañar árboles que oscilan entre los 3.000 y los 60 euros, dependiendo si la sanción es leve (entre 60 y 180 euros), grave (entre 181 y 1.500) o muy grave (entre 1.501 y 3.000 euros). Así, cortar hojas o flores, grabar o pintar en la corteza, sacudir ramas, colgar cuerdas, atar motocicletas y bicicletas, apoyar escaleras, carteles o cualquier tipo de mobiliario, o no recoger los excrementos de perros, se considera una infracción leve. En el caso de la tala o el daño, podar sin previo informe favorable de los servicios municipales, cortar o arrancar ramas y raíces de ejemplares en espacios verdes, destruir o dañar elementos de la red de riego, verter líquidos contaminantes que puedan dañar el árbol, y depositar elementos de construcción, como cemento o escombros en las proximidades o alcorques, son acciones que están tipificadas como graves o muy graves.
Desde el punto de vista de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Tacoronte, la ordenanza conecta directamente con los retos municipales de conservación del medio ambiente y la mejora de las infraestructuras y la gestión responsable del territorio. El informe de impacto anexo al expediente confirma que la implantación de los contenidos aprobados no generará costes significativos ni nuevas cargas al Ayuntamiento, sino que se apoyará en los servicios municipales actuales, con mayor eficiencia al unificar criterios que hasta el momento se venían resolviendo de forma dispersa.
